La creciente inseguridad en la ciudad, por la falta de compromiso de las autoridades, no solo trae desconfianza dentro de la población, sino que impide a los pequeños comerciantes y emprendedores de la ciudad mantener a flote sus negocios por el aumento tan drástico en la modalidad de extorsión o lo que comúnmente se conoce como “vacuna”.
De la misma manera que el Gobierno nacional realiza sus reformas tributarias, en donde analiza que tipo de impuesto decretar o que productos gravar, así actúan las bandas criminales en los barrios de Medellín con la llamada “vacuna”, que no es más que una especie de micro-extorsión que aplican los delincuentes de la ciudad a las comunidades en general. Esta se da en todas las formas imaginables, en todo tipo de actividad económica y abarca las más diversas cuantías, desde la gran extorsión hasta la pequeña ‘vacuna’.
La vacuna se instauró en una forma de protección violenta, los grupos ilegales creaban el riesgo, robando y extorsionando a los comerciantes y así después de este “peligro” llegaban ofreciendo seguridad, diciendo nada más que: “Si quieren trabajar, tranquilos, páguenos la cuotica”.
Así fue que la práctica se institucionalizo y se naturalizo, de tal manera que para el ciudadano es común escuchar cobro de vacunas en cualquier lugar de la ciudad llegando a un punto que no le parece injusto tener que pagar 5 o 10 mil pesos para sentirse seguro. Vacunas que pagan hoy trasnacionales, el gran trasportador, los distribuidores de productos de consumo masivo, comerciantes, tenderos, trasportadores intermunicipales, taxistas, educadoras, vendedores ambulantes, mariachis y serenateros; y hasta el que vende en los semáforos tiene que pagar una no despreciable cuantía de dinero.
Lo que sigue haciendo que este tipo de prácticas se vuelva cada día más despreciable es que estas bandas criminales llegan a los establecimientos comerciales a solicitar "la colaboración de vigilancia" y al que no colabora lo matan.
Las llamadas "vacunas" se han vuelto comunes para los comerciantes, pero ahora los delincuentes han empezado a abusar acudiendo varias veces y pidiendo colaboraciones que no son posibles. Pedirle de cuota a una peluquería de barrio 15 mil pesos diarios es impensable, esta cifra llega incluso a convertirse en otro arriendo, imagínese usted pagar 15 mil pesos diarios para poder tener su negocio “seguro” y de paso para conservar su vida. Al mes este impuesto le suma a usted en sus balances contables una no despreciable suma de 450 mil pesos.
Estas cifras que últimamente se vuelven inviables para los negocios que prefieren cerrar a tener que seguir pagando este tributo a la criminalidad. Cada negocio que se cierra frena la economía local y el mercado laboral, dando por terminadas las oportunidades de trabajo que este negocio pudo haber creado en un futuro de no haber sido obligado a cerrar por las amenazas de estos bandidos.
No se puede atribuir a esta administración esta problemática social debido a que este problema se viene dando en Medellín desde la década de los noventa. Pero si es menester que esta administración fortalezca las instituciones encargadas de combatir este tipo de organizaciones criminales que se encargan de violar la libre autodeterminación del comerciante y el patrimonio económico que son principios o directrices consagradas como derechos fundamentales. Estos dos últimos amparados por la ley 906 del 2004.
Todos los derechos de propiedad derivan del reconocimiento social de la legitimidad de un derecho pero este contrato social tiene que preceder a la propiedad real. Las instituciones que protegen el bienestar de los comerciantes tienen que fortalecerse para velar por los intereses de la sociedad en general. Es verdad que si los individuos pueden realizar un contrato es porque se poseen a sí mismos para realizarlo, de esto se deduce que la propiedad tiene que preceder a los contratos. Si no es así, sólo es posible la violencia.
No es necesario investigar sobre el tema para observar lo que está pasando con el cobro de vacunas, esta problemática se cuenta sola en cualquier barrio de Medellín. Una triste realidad que vuelve a contrastarse con lo de la ciudad más innovadora.
Esperemos la administración actual empiece a fortalecer más las instituciones encargadas de combatir estas problemáticas y podamos ver que en los balances contables de los negocios, ya no esté incluido este tributo al crimen.